SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Concejo Municipal no ofreció todavía ninguna respuesta seria al planteo de un veterinario que hace más de dos meses estrenó la "banca del vecino" con una exposición sobre el grave cuadro de sobrepoblación canina que sufre Bariloche. Las frecuentes declaraciones sobre los beneficios de democracia participativa y las modernas figuras de consulta popular aparecen desmentidas de hecho con la pobre reacción de los ediles ante las propuestas concretas que llevó el profesional.
"Les expliqué que la actual política de perros del municipio es un atentado a la salud pública, denuncié que la ordenanza vigente no se cumple y propuse varias acciones concretas; pero la única repercusión que tuve fue una nota de agradecimiento", dijo el veterinario Horacio Vautier.
También el Ejecutivo parece haberse desentendido del problema. Según Vautier, el 8 de enero "en el marco de la ordenanza de acceso a la información" le pidió por nota al intendente Darío Barriga detalles sobre la cantidad de perros esterilizados por barrio, el presupuesto disponible y los planes para este año. Pero ya pasaron más de 100 días y todavía no recibió respuesta.
A su entender, entre las autoridades municipales "parece existir un acuerdo para no hablar del tema". Durante su exposición de febrero en la sesión del Deliberante, el veterinario dijo que en Bariloche el último censo canino data de 2005 y comprobó la presencia de 60 mil animales. Las mordeduras atendidas por el sistema de salud son unas 500 por año.
Aseguró que la sobrepoblación canina no puede ser afrontada con las magras inversiones que los últimos años le destinó el municipio y tampoco con la prohibición absoluta de sacrificios que impone la Carta Orgánica. Hizo notar que esta última se contradice con la ordenanza 1.424 sancionada hace cuatro años, cuyo texto además de promover la tenencia responsable de mascotas, la esterilización gratuita y la captura de animales sueltos, habilita la eutanasia en casos límite.
Vautier sugirió a los concejales que corrijan esa colisión entre las normativas. También promovió la conformación de una comisión de que defina las medidas a tomar en un plazo máximo de 180 días.