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El artículo del Dr. Pedro
Navarro Floria pone el acento en uno de los temas que más
polémicas ha despertado en la historiografía argentina: la
cuestión del genocidio de los pueblos indígenas de la
Patagonia en la (mal) llamada Campaña del Desierto. El
concepto mismo de genocidio es una noción jurídica
contemporánea. Apareció poco después de la Segunda Guerra
Mundial, al conocerse en detalle las atrocidades cometidas por
los nazis contra judíos, gitanos, eslavos y otras personas.
Fue incorporado a la Convención para la Prevención y Sanción
del Delito de Genocidio, adoptada por la ONU en 1948, y
reaparece en otros documentos posteriores de Naciones Unidas
hasta nuestros días.
Los historiadores que se oponen a aplicar la noción de
genocidio –muchos en la Argentina– al caso de los indígenas
patagónicos aducen precisamente que el concepto es una idea
moderna y por lo tanto no sería aplicable a esa feroz campaña
a fines del siglo XIX. Argumento tan falaz como querer negar
que la esclavitud de indios y negros era una barbaridad aun
antes de haber sido condenada en documentos y tratados
internacionales. Quedarían así borrados, de un plumazo, los
argumentos de quienes como Fray Bartolomé de las Casas se
opusieron a ella por razones morales mucho antes de que
existiera la ONU.
Es cierto que para juzgar la historia se debe procurar la
comprensión de los argumentos morales y jurídicos que
sustentaron determinada actitud en el período que se analiza.
Pero llevar esa premisa al extremo tiene consecuencias
absurdas, porque despojaría de culpa alguna a quienes
condenaron a Galileo, a los inquisidores y a las hordas
bárbaras que invadieron Occidente. Ciertos principios morales
tienen vigencia más allá de las circunstancias temporales que
pretendan justificarlos.
De lo contrario, sería imposible sacar conclusiones de la
historia misma. Si se siguiera el criterio de esos
historiadores argentinos que quieren justificar la Campaña del
Desierto con la necesidad de expansión del "lebensraum"
nacional, Roca, Mansilla y sus secuaces quedarían exentos de
la culpa que les imponía la ética más elemental ya vigente en
su tiempo. (Y Adolfo Hitler vendría a ser un santo varón que
con su "solución final" sólo pretendía librar a Alemania y al
mundo de los judíos y otras "razas inferiores").
En el fondo de esta cuestión yace esa idolatría insólita por
ciertos "próceres" que ha consagrado la historiografía
argentina y que han adquirido, por la prédica de historiadores
miopes, una condición de intocables de bronce.
Solamente con aplicar los principios morales (cristianos o
laicos) de la época a la Campaña del Desierto queda claro que
no es posible eximir de responsabilidad a los autores de esa
movilización militar genocida contra los indios patagónicos. Y
ello es así no por razones de sentimentalismo folclórico, sino
precisamente porque se trata de principios éticos que debieron
haber sido ineludibles para los que de esa matanza fueron
responsables.
Francia, país que no se caracteriza por su sinceridad en
materia histórica, acaba de reconocer su papel en la
esclavitud de negros africanos y ha instituido el 10 de mayo
como día de arrepentimiento por su intervención en el tráfico
de esas personas a las Américas. Y Alemania ya reconoció hace
unos años su triste papel en el Holocausto y pidió un
histórico perdón a Israel y a los judíos.
Es hora de que la Argentina deje de honrar mitos como el de su
"blancura" y admita, sin ambages, que la Campaña del Desierto,
lejos de ser un episodio épico digno de alabanza, fue una
atrocidad para la que no hace falta aplicar los principios de
la Convención de la ONU. Como bien lo afirma Navarro Floria,
en el caso de los indios patagónicos, la otra reacción posible
"es leer inteligentemente la historia y la sociedad,
escucharlos, comprender sus razones y caminar juntos los
caminos de la memoria, de la justicia y de la paz". Y aceptar
que en esta materia, los argentinos tienen una obligación
moral pendiente: la de sincerarse con su pasado.
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