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WASHINGTON.- En las
sombras, sin informarle al Congreso y contradiciendo su
posición oficial y una nueva ley federal antitortura, el
gobierno de George W. Bush emitió dos documentos en los
que aprobó las tácticas más duras de interrogatorio
aplicadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA),
reveló ayer el diario The New York Times .
El primer documento se firmó en febrero de 2005, poco
después de la llegada del controvertido asesor legal de la
Casa Blanca, Alberto Gonzales, al Departamento de
Justicia, y apenas dos meses después de que el gobierno
pareció abandonar la defensa de una supuesta autoridad
presidencial para permitir "interrogatorios brutales".
La vocera de la Casa Blanca, Dana Perino, confirmó ayer la
existencia de ese y otro memorándum similar, que continúan
vigentes, pero negó que Estados Unidos promueva la tortura
de sospechosos en la lucha global contra el terrorismo que
comenzó tras el 11 de septiembre de 2001.
La oposición demócrata reaccionó con furia a la noticia.
Prometió nuevas investigaciones y audiencias en el
Congreso para precisar el alcance de esos documentos,
hasta ahora desconocidos, y determinar si Gonzales violó
alguna ley, al igual que sus superiores en la Casa Blanca.
La primera "opinión legal" que emitió el Departamento de
Justicia, ya bajo Gonzales, dio luz verde a la simulación
del ahogamiento de los detenidos (el "submarino"),
golpearlos en la cabeza y someterlos a temperaturas "de
congelamiento" hasta quebrar su voluntad, entre otras
técnicas.
Ese dictamen secreto también autorizó de manera explícita
la aplicación "combinada" de dos o más métodos dolorosos,
apenas meses después de que otro documento -pero público-
del propio Departamento de Justicia calificara a la
tortura como algo "repugnante", "aborrecible", en
diciembre de 2004.
Gonzales -que renunció en agosto último acorralado por
otro escándalo- aprobó el memorándum sobre los "efectos
combinados" pese a las objeciones de su segundo, James B.
Comey. Convencido de que el Departamento se excedía en sus
facultades, Comey renunció tras protagonizar ese y otros
choques con la Casa Blanca. Pero antes, según The New York
Times, le anticipó a sus colegas que se "avergonzarían" de
lo que habían permitido.
Meses después, el Congreso reaccionó al creciente malestar
dentro y fuera de Estados Unidos causado por Abu Ghraib,
Guantánamo, las cárceles clandestinas en Europa del Este y
los vuelos secretos alrededor del mundo, y prohibió el
trato "cruel, inhumano y degradante" de los detenidos.
Pero casi en simultáneo, Gonzales y su equipo emitieron
otro dictamen secreto. Este documento fue más amplio,
según el Times , al punto que ninguna técnica utilizada ya
por la CIA quedó desautorizada, incluso cuando los agentes
que trataban con supuestos terroristas de Al-Qaeda en
Afganistán, Tailandia y Europa del Este querían saber si
estaban quebrando las leyes contra la tortura.
Desde entonces, tanto el Congreso -que quedó bajo control
demócrata en enero de este año-, y la Corte Suprema
marcaron sucesivos límites y restricciones a los
interrogatorios. Pero ambos dictámenes siguen vigentes.
Interpelaciones en puerta
Horas después de que el Times publicase ayer en su tapa el
resultado de su investigación (que ocupó más de una página
sábana en su cuerpo principal), la Casa Blanca y los
demócratas acentuaron sus diferencias. El presidente del
Comité Judicial de la Cámara de Representantes, John
Conyers, prometió abrir una pesquisa parlamentaria sobre
los memorándums que "autorizan explícitamente el uso de
tácticas dolorosas y psicológicas sobre sospechosos de
terrorismo".
"Tanto el supuesto contenido de estos dictámenes legales
como el hecho de que se hayan mantenido secretos para el
Congreso resulta problemático, en especial a la luz de la
decisión de 2004 del Departamento de Justicia", comentó.
En la Casa Blanca, Perino negó, no obstante, que ambos
memos hayan abierto la senda para el retorno de las
tácticas prohibidas por el Congreso. "Este país no
tortura. Es la política de Estados Unidos que no
torturemos y no lo hacemos", afirmó. Desde la CIA, el
vocero George Little dijo que buscaron la guía de la
administración Bush y del Congreso y aclararon que
respetan la ley. "El programa produjo información vital
que ayudó a desbaratar complots terroristas y salvar vidas
inocentes" comentó, una posición repetida por la
administración Bush y aceptada por muchos norteamericanos.
Pero Human Rights Watch y otros organismos internacionales
defensores de derechos humanos reclamaron que el candidato
para reemplazar a Gonzales, Michael Mukasey, exprese su
repudio a los dictámenes secretos durante su audiencia de
confirmación en el Senado. "Juntos -acusó-, llevan a la
tortura."  |
