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La empresa estatal
Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (Lafsa) volverá a
tener asignada para el ejercicio 2008 una importante
partida presupuestaria. Lo insólito es que carece de
aviones y nunca concretó viaje alguno.
Rebautizada como Líneas Aéreas Federales Sin Aviones,
Lafsa tiene, en cambio, personal (66 empleados) que
todavía espera ser reubicado en otras empresas. Sin
embargo, según el presupuesto presentado hace pocos días
por el ministro de Economía, Miguel Peirano, ese desquicio
le costará al Estado, es decir, a los contribuyentes,
3.000.000 de pesos, aportados por el Tesoro, a los cuales
se sumarán otros 600.000 que le pagará LAN Argentina por
el alquiler de hangares estatales.
Si bien voceros de la Secretaría de Transporte han
manifestado que hay un decreto de liquidación en trámite,
esta empresa fantasma no tiene aprobados sus balances de
2004, 2005 y 2006, circunstancia que obstaculiza ese
proceso de liquidación final. Ocurre que nadie en el
Gobierno quiere asumir los costos políticos y la
responsabilidad que significa aprobar los estados
contables de Lafsa, viciados por las irregularidades que
habrían signado la corta vida de esa compañía, período en
el que las autoridades se vanagloriaron de contar con una
aerolínea de bandera, aunque se tratase de una entelequia
o, si se quiere de una mera ficción.
Esa empresa fue creada en 2003, para dar cabida a 850 ex
empleados de las desaparecidas aerolíneas LAPA y Dinar, a
los cuales el Estado se comprometió a preservarles la
fuente laboral. Según la Oficina Anticorrupción (OA), en
Lafsa hubo 70 ingresos de personal que, empero, nada
tenían que ver con esas empresas. Y de acuerdo con un
informe de la Administración Nacional de Seguridad Social
(Anses), 14 de esas personas trabajaban en otro sitio,
mientras se suponía que lo hacían en Lafsa.
Entretanto, el diputado nacional Federico Pinedo (Pro)
hizo una presentación ante la OA denunciando
irregularidades en la integración de las listas de
empleados y en las condiciones de su contratación.
El organismo anticorrupción pidió también a la Justicia
que sean investigados los convenios con empresas "creadas
al solo efecto de proveer bienes y servicios a Lafsa, lo
que pone en tela de juicio la transparencia de las
contrataciones". Y, además, alertó sobre importantes
gastos durante 2004 en uniformes, por los cuales fueron
abonados 459.664,37 pesos, y en capacitación, por valor de
372.750,76 pesos. La OA juzgó, con evidente severidad, que
"las autoridades de la empresa de transporte aerocomercial
contaban con una amplia discrecionalidad de gestión, que
incluía la posibilidad de efectuar la contratación directa
de bienes y servicios, como también concretar la
incorporación de personal obviando requisitos exigidos
para el ingreso en la administración pública".
Todas estas irregularidades han sido incluidas en la
denuncia sobre Lafsa que la OA presentó ante la justicia
federal, denuncia que hasta el momento no ha tenido
avances significativos, a pesar del tiempo transcurrido.
Salta a la vista que bastaría con sólo indagar por qué una
empresa que nunca tuvo aviones y, por consiguiente, jamás
pudo hacerlos despegar, ha tenido en todos estos años una
estructura de personal correspondiente a una compañía
aérea en funcionamiento: gerentes, pilotos y copilotos,
técnicos aeronáuticos y operadores de rampa, entre otros.
Tampoco los funcionarios de la Secretaría de Transporte de
la Nación, ni su titular, Ricardo Jaime, han explicado las
compras realizadas, los cursos de capacitación contratados
y demás gastos efectuados por una empresa que no ha tenido
actividad comercial alguna.
En fecha reciente, la justicia federal hizo lugar a un
pedido de informes presentado por la Fundación Poder
Ciudadano y le exigió al Ministerio de Planificación
Federal que cumpliera con el deber de informar a la
sociedad y no retacease los datos que pudiese poseer sobre
la por lo menos aventurada creación de una empresa que, al
parecer, desde el primer día de su existencia estaba
destinada a la inactividad absoluta.
La publicidad de los actos de gobierno -uno de los pilares
esenciales del quehacer institucional de cualquier
gobierno democrático- junto con la transparencia y la
obligación de rendir cuentas constituyen obligaciones
insoslayables e inherentes a la función pública que no
deben dejarse de lado en ningún caso y, mucho menos aún,
cuando en ellas están comprometidos recursos públicos.
Las autoridades, pues, deben informar a la brevedad sobre
la situación de Lafsa y acerca de las irregularidades que,
es de sospechar, fueron cometidas utilizando a esa empresa
a guisa de pantalla.
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